¿Cómo se mide el cumplimiento de los derechos humanos? La pregunta tiene una respuesta técnica y una respuesta política. La respuesta técnica involucra indicadores, líneas de base, metas y metodologías de seguimiento. La respuesta política involucra decisiones sobre qué se mide, quién mide, y para qué se usa esa información.
Durante mi trabajo con la Fundación Saraki, participé en la expansión del IN Dashboard —una herramienta digital desarrollada para el monitoreo cuantitativo de compromisos de derechos humanos en América Latina— hacia nuevas alianzas con la OEA, CBM, IDA y RIADIS. Esa experiencia me dejó algunas reflexiones que vale la pena compartir.
Los indicadores no son neutros
Todo sistema de indicadores encarna decisiones previas sobre qué cuenta como evidencia de progreso. En materia de derechos de personas con discapacidad, por ejemplo, ¿cuenta como avance la cantidad de leyes aprobadas, o la cantidad de personas que acceden efectivamente a los servicios que esas leyes garantizan? La diferencia entre ambas perspectivas no es menor: muchos países de la región tienen marcos normativos sólidos y brechas de implementación enormes.
El IN Dashboard fue diseñado con esa tensión en mente. El foco no está solo en el cumplimiento formal de compromisos normativos, sino en indicadores de resultado que reflejan cambios concretos en la vida de las personas. Esa decisión metodológica tiene implicancias políticas: es más difícil de medir, pero es más honesta.
La rendición de cuentas necesita datos comparables
Uno de los desafíos más concretos del monitoreo regional es la heterogeneidad de los sistemas de información nacionales. Algunos países tienen registros administrativos robustos. Otros carecen de datos desagregados por discapacidad, género o pertenencia étnica. Sin comparabilidad, es difícil hablar de rendición de cuentas a escala regional.
El trabajo de expansión del Dashboard implicó, en buena parte, construir puentes metodológicos: definir indicadores que pudieran ser medidos con las fuentes disponibles en distintos contextos nacionales, sin sacrificar la coherencia del marco de análisis. No es un problema resuelto. Es un trabajo permanente.
La tecnología al servicio de los actores de derechos
Las herramientas digitales de monitoreo tienen un riesgo: que se conviertan en instrumentos de las agencias que financian los programas, y no de las comunidades cuyos derechos se están midiendo. Un dashboard puede ser una herramienta de accountability o puede ser una herramienta de opacidad burocrática, dependiendo de cómo se diseñe el acceso y la comunicación de los datos.
En los mejores casos que vi, las organizaciones de personas con discapacidad podían acceder a los datos, interpretarlos y usarlos en sus propias instancias de incidencia política. Eso requiere no solo una plataforma técnica, sino capacitación, acompañamiento y un diseño que priorice la legibilidad sobre la exhaustividad.
Los datos sobre derechos humanos tienen valor político real. Usarlos bien es una responsabilidad que no se puede delegar enteramente a los técnicos.